Paris Soir - Mina rara bloqueada en España

En una zona serrana del sur de Castilla‑La Mancha, a pocos metros bajo una llanura de olivos y cereales, yace un tesoro geológico capaz de redefinir la industria tecnológica europea. En el Campo de Montiel, provincia de Ciudad Real, los geólogos identificaron hace años un yacimiento de monacita gris considerado el mayor depósito de tierras raras localizado en Europa. Este hallazgo podría cubrir gran parte de las necesidades de estos elementos para las fábricas de imanes, motores eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos que hoy dependen casi por completo de las importaciones chinas. Sin embargo, el proyecto se encuentra parado, atrapado entre trámites administrativos, recelos vecinales y el debate ambiental.

Las tierras raras son una familia de diecisiete elementos químicos imprescindibles para la transición energética y digital. La República Popular China controla más de la mitad de la extracción mundial y casi todo el procesamiento de estos materiales. Ante esa dependencia, la Unión Europea aprobó recientemente un reglamento sobre materias primas estratégicas que busca asegurar un suministro propio: fija objetivos de extracción y refinado dentro del continente y promete simplificar las autorizaciones. Ese esfuerzo comunitario ha puesto el foco en España como posible proveedor gracias a su geología. Además del litio y otros metales, el país alberga depósitos de cerio, neodimio y otros lantánidos que son clave para la electromovilidad y las tecnologías limpias.

El yacimiento de Campo de Montiel es singular. No se trata de vetas profundas en roca dura como las explotadas en China o Australia, sino de arenas enriquecidas que se extienden como una lengua bajo una veintena de fincas agrícolas. La capa mineralizada, según describen los estudios geológicos, apenas alcanza unos pocos metros de espesor y contiene una concentración alta de monacita gris, un fosfato que reúne muchos de los elementos de tierras raras. A diferencia de los depósitos asiáticos, la proporción de torio es muy baja, por lo que la radiactividad no supone un problema. La extracción podría hacerse con maquinaria similar a la que se usa para excavar grava en los ríos; no sería necesaria la voladura de roca ni el uso de explosivos. Tras separar la monacita mediante cribado en húmedo, el resto del material —un noventa y nueve por ciento de la tierra removida— podría devolverse al lugar para restaurar el entorno.

Las estimaciones internas del proyecto apuntan a una reserva suficiente para alimentar durante varios años la mayor parte de la demanda europea de metales magnéticos como neodimio y praseodimio. También se prevé un notable impacto social: la iniciativa implicaría una inversión millonaria, la creación de empleo directo e indirecto y la dinamización de una comarca castigada por el envejecimiento y la despoblación. En un contexto en el que los fabricantes de automóviles se disputan las baterías y los imanes permanentes, disponer de un suministro estable en suelo comunitario supondría una ventaja competitiva y un paso hacia la autonomía industrial.

Sin embargo, esa promesa se enfrenta a un muro administrativo. La empresa promotora solicitó hace casi una década el permiso de explotación, pero la Junta de Castilla‑La Mancha denegó la autorización ambiental al estimar que existía riesgo de impacto en las aguas subterráneas y en la avifauna esteparia de la zona, incluida la avutarda. Los tribunales refrendaron esa decisión en sucesivas sentencias. Paralelamente, la plataforma ciudadana Sí a la Tierra Viva agrupó a agricultores, ecologistas y habitantes de municipios como Torrenueva y Torre de Juan Abad, preocupados por las consecuencias sobre la salud, el paisaje y el turismo rural. Aunque los impulsores del proyecto alegan que el método de extracción sería reversible y que se aplicaría un plan de restauración, la falta de consenso ha bloqueado cualquier avance.

La paradoja es que mientras en el norte de Suecia el gigante minero estatal LKAB avanza, aunque lentamente, en la tramitación de un yacimiento de óxidos de tierras raras descubierto en 2023, en Ciudad Real una riqueza similar permanece en el subsuelo. En Suecia, la permisología es compleja y se estima que pasará más de una década hasta que la mina entre en producción. En España, la demora es indefinida. El nuevo reglamento europeo prevé declarar algunos proyectos como estratégicos para acortar los plazos, pero la última palabra corresponde a los gobiernos autonómicos y a las comunidades locales. El Ejecutivo central ha insistido en que estas explotaciones deben conciliar desarrollo económico y protección ambiental, y de momento no ha intervenido en el caso manchego.

El debate sobre las tierras raras no se limita a Castilla‑La Mancha. En Galicia, en las inmediaciones del monte Galiñeiro cerca de Vigo, se han identificado arenas con potencial de producir varios miles de toneladas de estos minerales al año. Allí, grupos vecinales y ecologistas también han expresado su rechazo, al considerar que se pondrían en peligro espacios naturales y valores culturales. En Ourense, el cierre de la mina de Penouta —que producía niobio y tantalio— y la revocación de su licencia en 2024 evidencian la dificultad de conciliar minería y medio ambiente. Mientras, otros proyectos en Extremadura, Andalucía o Salamanca exploran la recuperación de metales en escombreras y residuos mineros como parte de una economía circular.

La carrera por las tierras raras refleja las tensiones entre soberanía industrial, conservación de la naturaleza y bienestar de las comunidades. Algunos expertos en minería defienden que, con la tecnología adecuada, la explotación de depósitos superficiales como el de Campo de Montiel puede realizarse con un impacto limitado y reversible. Recuerdan que casi todos los productos modernos dependen de estos elementos y que relegar la extracción a países con regulaciones laxas traslada el problema ambiental a otros lugares. Sus detractores replican que la comarca ya vive de la agricultura y del turismo interior, y que la inseguridad de que un proyecto minero se convierta en una cicatriz sin retorno es demasiado alta. La falta de confianza en las administraciones para vigilar y restaurar el entorno agrava el desacuerdo.

En Madrid y Bruselas, mientras tanto, se multiplican los discursos sobre la autonomía estratégica y la transición ecológica. La Comisión Europea establece que, de aquí a 2030, al menos una décima parte de los recursos críticos consumidos en el bloque deberían extraerse en territorio comunitario y que ningún país pueda suministrar más de dos tercios de un mismo material. Para cumplir esas metas habrá que desbloquear proyectos como el de Campo de Montiel o el de Galiñeiro, o hallar alternativas en otros países aliados. Si las autorizaciones siguen atascadas, Europa seguirá dependiente de Beijing para sus imanes y motores, y España habrá dejado escapar la oportunidad de convertirse en referente de la minería del futuro.

La historia de la mayor mina de tierras raras de Europa es, por ahora, una historia de promesas en suspenso. Mientras los campesinos de Campo de Montiel continúan cosechando trigo y aceituna, el subsuelo guarda un recurso estratégico codiciado por industrias y gobiernos. Decidir si se extrae o no ese tesoro definirá no solo el destino de una comarca, sino también el grado de independencia tecnológica y energética de Europa en las próximas décadas.