Paris Soir - La junta birmana intensifica los ataques aéreos contra civiles, denuncian investigadores de la ONU

Con la aproximación de las elecciones legislativas de diciembre y enero, los ataques aéreos y otros delitos contra civiles se han intensificado y continúan "sin descanso", denunció el Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania en un comunicado.

El país del sudeste asiático vive sumido en guerra desde 2021, cuando un golpe de Estado militar derrocó al gobierno de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Los militares reprimieron con fuerza las manifestaciones contrarias, pero activistas prodemocracia huyeron de las ciudades y se unieron a movimientos armados encabezados por minorías étnicas que ya eran hostiles al poder central.

Según la ONG Acled, el conflicto ha dejado más de 100.000 muertos.

En su informe anual, que abarca el período de julio de 2025 hasta junio de 2026, este grupo de investigadores mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha documentado un patrón de violencia atribuido al ejército.

"La frecuencia y la intensidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército birmano y por diversos grupos armados no han dejado de agravarse", señalaron los investigadores en el comunicado.

Según el informe, los ataques aéreos han tenido como objetivo viviendas, escuelas, centros de salud, lugares de culto, así como campamentos que acogen a personas desplazadas dentro del país.

"El uso creciente de paramotores y drones por parte de las fuerzas armadas hace que estos ataques sean más difíciles de detectar por los civiles, reduciendo su capacidad de huir o buscar refugio", precisaron los investigadores.

Según ellos, los enfrentamientos entre el régimen militar y los distintos grupos armados de todo el país "no muestran ningún signo de apaciguamiento".

Indican haber recopilado y analizado "numerosas pruebas" de detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual en centros de detención controlados por el ejército.

Numerosas personas "se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión, e incluso a la pena de muerte, por actividades como publicar comentarios críticos en las redes sociales", denunciaron.

F.Richard--PS