España quiere acelerar la extinción de la Fundación Francisco Franco
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que su gobierno de izquierdas acelerará el proceso para disolver la Fundación Francisco Franco, en un discurso pronunciado semanas antes del 50º aniversario de la muerte del dictador.
"Vamos a acelerar el procedimiento para instar judicialmente a la disolución de la Fundación Francisco Franco", anunció el líder socialista durante un acto en Madrid por el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura.
Esta organización de extrema derecha fue creada en 1976 para honrar la memoria del dictador, quien llegó al poder tras liderar un golpe militar contra el gobierno democrático republicano, que derivó en la sangrienta Guerra Civil (1936-1939). Franco gobernó el país con mano de hierro hasta su muerte en 1975.
El gobierno de Sánchez impulsó en 2022 la aprobación de una ley de "memoria democrática" que creó un registro de víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas.
Estas medidas, sin embargo, siguen encontrando resistencias en algunos sectores.
"Hay una labor lenta, pero constante de deslegitimación de la democracia. Se empieza llamando al revisionismo concordia", advirtió Sánchez durante un acto en Madrid en el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura.
En ese sentido, citó una encuesta reciente que desveló que más de una quinta parte de los españoles consideraba que la dictadura era "buena" o "muy buena".
"Este terrible dato es el resultado también del revisionismo que busca enturbiar nuestra historia para nublar nuestro presente", agregó.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, explicó de su lado que el gobierno ya informó a la Fundación Francisco Franco del acuerdo para su extinción, paso previo para que los tribunales decidan su disolución.
La fundación contraviene la ley de memoria democrática, "porque no persigue el interés general, porque enaltece el golpe, y porque humilla a las víctimas", aseguró Urtasun a los periodistas.
La oposición conservadora -que prometió derogar la ley de 2022 si regresa al poder- considera que el gobierno impulsa estas medidas para reabrir viejas heridas y distraer así la atención de los escándalos de corrupción.
La Fundación Francisco Franco negó, de su lado, que sus actividades humillaran o incitaran al odio, y calificaron la medida como una "escandalosa vulneración del derecho a la libertad ideológica".
"Sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción. Sólo en ese contexto debe enmarcarse una Resolución tan carente de fundamento jurídico", aseguraron.
E.Roger--PS