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Se abre en Madrid el juicio al Fiscal General del Estado español / Foto: Javier Soriano - AFP
Se abre en Madrid el juicio al Fiscal General del Estado español
España vivió este lunes un momento inédito con la apertura en el Tribunal Supremo del primer juicio a un fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, en un caso que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez.
El jefe del Ministerio Público, nombrado en 2022 por el Gobierno de izquierdas, está acusado de filtrar a los medios un correo confidencial relacionado con la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, para perjudicar a su pareja, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estrella de la derecha española.
"No", se limitó a responder García Ortiz cuando el presidente del tribunal, el juez Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se consideraba autor de los delitos que se le imputaban.
Con semblante serio y tomando notas, García Ortiz vestía toga y se sentó junto a sus abogados, a la derecha de los jueces.
Cuatro fiscales declararán como testigos en la primera sesión de este juicio que se desarrollará en seis jornadas, tres esta semana y tres la próxima.
El proceso daña la carrera de este jurista de 57 años, expuesto a penas de varios años de cárcel e inhabilitación, y reaviva el debate sobre la relación entre justicia y política en España.
Se trata además de un nuevo varapalo judicial para Pedro Sánchez, cuya esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y dos figuras de peso socialistas que fueron claves en su ascenso, Santos Cerdán y un ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, están imputados en casos de corrupción.
De estos casos tuvo que responder Sánchez el jueves ante una comisión del Senado, dominado por la oposición.
"Este es un Gobierno limpio", afirmó ante los senadores en una bronca sesión que él tildó de "circo".
El caso de García Ortiz se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda en 2020 y 2021.
El 2 de febrero, el abogado del empresario envió un correo al fiscal proponiendo un pacto: reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel.
Más de un mes después, el 13 de marzo, una radio y una televisión revelaron el contenido de ese email, que sembraba dudas sobre la inocencia del novio de Ayuso.
La filtración desató una tormenta. González Amador denunció a García Ortiz, alegando que solo el fiscal general tuvo acceso al documento y que lo remitió a los medios para perjudicar a Ayuso.
- Batalla política -
La fiscalía pide la absolución de García Ortiz, estimando que no cometió "delito alguno".
Por su parte, el novio de Ayuso pide una pena de 4 años de prisión para el Fiscal General y una indemnización de 300.000 euros por "los perjuicios morales causados".
El juez abrió juicio oral en septiembre, imponiendo una fianza inicial de 150.000 euros (reducida luego a 75.000).
Asimismo, rechazó suspenderlo cautelarmente de sus funciones, pese a las peticiones de asociaciones fiscales.
La vista oral, que se extenderá hasta el 13 de noviembre, reunirá a unos 40 testigos, entre ellos 12 periodistas.
González Amador testificará el martes 4 de noviembre y García Ortiz será el último en declarar, tal y como había solicitado, el miércoles 12.
En su escrito de defensa, García Ortiz negó rotundamente la filtración y se presentó como víctima de una campaña "orquestada" desde la Comunidad de Madrid para desviar el foco del fraude de González Amador y proteger a Ayuso.
La presidente de la región de Madrid y su equipo, dice la defensa de García Ortiz, diseñaron "una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo, según el cual los problemas" de González Amador con Hacienda "se debían a una persecución política".
El caso es un pulso entre el Gobierno central y la oposición. El PP, con Ayuso a la cabeza, acusa a García Ortiz de haber actuado como un peón de Pedro Sánchez. "Creemos en su inocencia", dijo el presidente del Gobierno sobre el Fiscal General.
Si fuera condenado, su inhabilitación sería automática, forzando su cese y una crisis en la Fiscalía, además de debilitar a Pedro Sánchez.
R.Poirier--PS
