
La fiscalía colombiana pide una condena contra el expresidente Uribe por soborno y fraude procesal

La fiscalía de Colombia pidió este martes una condena por soborno y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe, el primer exmandatario que enfrenta un juicio penal en la historia del país.
Desde mayo de 2024, el dirigente de derecha que gobernó entre 2002 y 2010 es juzgado por supuestamente presionar a paramilitares para que guardaran silencio sobre su presunta relación con los sangrientos escuadrones antiguerrillas.
La fiscalía acusa a Uribe, de 72 años, de sobornarlos para testificar a su favor, por lo que puede enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.
La fiscal a cargo del caso, Marlenne Orjuela, declaró este martes en una audiencia que las pruebas sobre la responsabilidad del expresidente son "concluyentes" y pidió a la jueza condenarlo como "determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno".
"El acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigo clave", dijo durante la diligencia, transmitida en vivo.
Este histórico proceso contra el político más influyente del siglo en Colombia comenzó en 2012. Ese año, Uribe denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda por "buscar testimonios falsos" en cárceles para vincularlo con paramilitares.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue él quien trató de manipular a testigos. En 2020, ordenó el arresto domiciliario del entonces senador Uribe.
El exmandatario renunció luego a la Cámara alta y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició el proceso.
Ahora la fiscalía asegura que Uribe intentó persuadir a dos exparamilitares para cambiar su versión a través de terceros.
El objetivo era "construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales", sostuvo la fiscal.
Uribe niega las acusaciones y asegura que se trata de un juicio con motivos políticos.
Desde el inicio del proceso desfilaron más de 90 testigos.
El juicio avanza contrarreloj, debido a que puede prescribir la segunda semana de octubre si no hay veredicto.
La representación de las víctimas asegura que los abogados de Uribe intentan dilatar el juicio con miras a llegar a esa fecha sin una sentencia.
C.Blanc--PS